La mayoría de la población española está protegida frente a formas graves de COVID-19. Más del 92% de la población española mayor de 12 años está vacunada con pauta completa y la evidencia actual indica que las vacunas disponibles contra la COVID-19 tienen una efectividad muy alta para reducir las formas moderadas y graves de la enfermedad, así como la letalidad. Esa efectividad es algo menor para reducir la transmisibilidad del virus y en particular la de la variante Ómicron que circula actualmente. La disponibilidad de tratamientos antivirales cada vez más efectivos redundan, además, en un mejor pronóstico de los casos graves.

Los altos niveles de inmunidad alcanzados en la población frente a COVID-19, principalmente por la alta cobertura de vacunación, pero también por el elevado número de personas que se han infectado, las características de la variante Ómicron circulante y los cambios progresivos en la aplicación de las medidas de control no farmacológicas han contribuido al cambio de las características epidemiológicas y del comportamiento de la epidemia.

La sexta onda epidémica en España se ha caracterizado por una alta incidencia con una presión muy alta sobre los sistemas de atención primaria y de salud pública pero con un impacto menor que en el resto de la pandemia sobre la atención hospitalaria debido a que la mayor parte de los casos han tenido síntomas leves o han sido asintomáticos.

El cambio en la epidemiología de la COVID-19 requiere un cambio en la aproximación a su control y vigilancia. Este cambio debe mantener las acciones dirigidas al control de riesgos en personas vulnerables y casos graves y en ámbitos de mayor vulnerabilidad como el sanitario y el sociosanitario aceptando al mismo tiempo un cierto nivel de circulación del SARS-CoV-2 en grupos de población en los que la enfermedad tiene, en general, un impacto bajo.

El objetivo de la nueva estrategia es proteger a las personas con factores de vulnerabilidad que favorecen el desarrollo de cuadros graves, como las personas de edad avanzada, con enfermedades subyacentes graves e inmunocomprometidas que no hayan desarrollado una inmunidad suficiente contra el SARS-CoV-2, utilizando intervenciones tanto farmacológicas (dosis de refuerzo de vacuna, anticuerpos monoclonales o inmunoprofilaxis pasiva si es necesario, y acceso temprano a tratamientos antivirales) como no farmacológicas. En ámbitos vulnerables, como centros sanitarios asistenciales o sociosanitarios se implementarán las medidas específicas necesarias de aislamiento y control para reducir el riesgo de transmisión a niveles bajos y controlables.

A nivel comunitario, el objetivo es que los casos leves o asintomáticos y los contactos estrechos extremen las precauciones usando las mascarillas, reduciendo su interacción social y evitando el contacto con vulnerables entendiendo que dadas las características de la epidemia ya no es necesario aplicar de forma estricta y exhaustiva las medidas de aislamiento de casos y cuarentena de contactos para controlar el impacto de la epidemia. Esto se ha puesto de manifiesto durante la última onda epidémica en la que debido a las altas incidencias registradas y el uso de pruebas de autodiagnóstico estas actuaciones no se han realizado de forma estricta en un porcentaje amplio de casos y contactos y, sin embargo, la gravedad de los casos no se ha incrementado.

La estrategia busca, además, recuperar las capacidades del sistema nacional de salud alteradas en la fase aguda de la pandemia y asegurar la adecuada asistencia sanitaria a la población y el funcionamiento de los servicios de salud pública. Para ello, la indicación de realización de una PDIA se dirigirá a las personas con síntomas compatibles que tengan criterios de vulnerabilidad (mayores de 60 años, inmunodeprimidos y embarazadas) o estén relacionadas con ámbitos vulnerables (centros sanitarios asistenciales, centros sociosanitarios y centros de día, centros penitenciarios y otros centros con personas institucionalizada), y a aquellas que presenten un cuadro de infección respiratoria que requiera ingreso hospitalario. El diagnóstico de pacientes con síntomas leves compatibles con COVID-19 que no presenten factores de vulnerabilidad se realizará según las necesidades de manejo clínico del mismo.

La epidemiología actual de la COVID-19 permite modificar la estrategia para su vigilancia y control, pero la Pandemia no se ha terminado. En esta fase de transición se va a seguir monitorizando indicadores clave para detectar precozmente cambios en la situación que requieran reimplantar medidas de control. Por ello, las estructuras extraordinarias de vigilancia y control puestas en marcha durante la pandemia todavía se mantendrán operativas. Estos indicadores permitirán monitorizar la tendencia de la epidemia, la gravedad de la misma, la evolución y distribución de nuevas variantes de interés y valorar la efectividad de las vacunas.

Las modificaciones que se implementan ahora darán paso a un sistema consolidado de vigilancia de las infecciones respiratorias agudas basado en sistemas de vigilancia centinela y que incluya casos de infección tanto leves como graves de los virus respiratorios de interés.

Esta transición más allá de la fase aguda es un punto de inflexión importante en la pandemia de la COVID-19 y es también una decisión basada en la gestión de riesgos, que tiene en cuenta qué niveles de riesgo residual son aceptables para la sociedad, sopesando el impacto social de las medidas de control de COVID-19 y la disminución observada en la gravedad de la enfermedad. La Ponencia de Alertas y Planes de Preparación y Respuesta monitoriza de forma estrecha la situación y ante cambios significativos en la tendencia que indiquen un cambio en la situación epidemiológica propondrá las medidas necesarias para su control.