Según datos del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), América Latina y el Caribe es el segundo lugar del planeta con las tasas más altas de partos de niñas menores de 15 años -después del África subsahariana-. En 2020, el 80% de las agresiones sexuales tuvieron como víctimas a niñas de entre 10 y 14 años, y aproximadamente 5 de cada 100 niñas de este grupo terminaron dando a luz. 

“Eso es muchísimo, porque no es ´tan sencillo´ quedarse embarazada; hay que tener en cuenta -entre otras variables- que el abuso (porque indefectiblemente de eso se trata si hablamos de ese grupo etario) tiene que coincidir con el período de fertilidad, que es breve”, señaló a IntraMed la psiquiatra Julieta Sagnay, de Guayaquil, Ecuador, donde toda relación sexual con menores de 13 años es considerada violación. “Muchas veces el abuso es intrafamiliar (incesto, incluso), y la propia familia tiene miedo a denunciar; otras, hay negligencia judicial. Lo cierto es que es grande la impunidad en muchos de estos casos”, agregó.

Las cifras en Ecuador son duras. Sólo entre  enero y abril de este año, 772 niñas menores de 15 quedaron embarazadas por violencia sexual, alertó en mayo la alianza regional de organizaciones “Niñas, no madres”. Y según el Mapeo Dinámico del Embarazo Adolescente, plataforma digital construida con la colaboración de UNFPA y UNICEF, entre 2019 y  2023, se registraron 4.937 niñas menores de 14 años embarazadas. La doctora Sagnay destaca que hay muchas variables que inciden en la problemática: la pobreza, la falta de acceso a la educación en general (y a la educación sexual, en particular), y cada vez con más frecuencia –asegura- el consumo problemático de sustancias, que induce a la promiscuidad.

Y hay otro elemento importante: según un estudio sobre el que informó UNICEF a fines de 2023, pese a que el matrimonio infantil está prohibido en Ecuador, la práctica nociva continúa y es socialmente aceptada: casi el 25% de madres menores de 18 años viven en unión temprana y forzada.

“El estudio enfatiza en que las niñas se ven obligadas a unirse tempranamente como un escape a la situación de vulnerabilidad, violencia y pobreza que viven”, señala el comunicado y cita a Markus Behrend, representante de UNFPA Ecuador: “Las niñas y adolescentes unidas o casadas tempranamente tienen más riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo, parto y posparto, que pueden desembocar en muertes maternas que podrían ser evitables. Estas prácticas nocivas son una violación de los derechos humanos que cambian radicalmente la vida de las niñas”. A pesar de ello, los datos del VIII Censo de Población y VII de Vivienda (2022) por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (2022), muestran que 5.217 adolescentes de entre 12 y 14 años que fueron censados dijeron que su estado civil era de unión libre o matrimonio…

Si llevamos la mirada hacia el Oeste, nos damos con que en Perú las estadísticas son también tristemente elocuentes: el Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea (CNV) revela que solo entre enero y julio de 2024, 449 niñas de entre 10 y 14 años han sido madres, lo que implica -dada la edad- que además han sido víctimas del delito de abuso sexual. En realidad, según un informe del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), organismo de Naciones Unidas encargado de la salud sexual y reproductiva, la cifra ha ido en aumento desde 2019, y en 2023 fueron 1.357 los partos de niñas menores de 15 años en 2023. Y, aunque si tienen más de 15 no se puede hablar legalmente de violencia sexual, los datos de CNV para este mismo primer semestre del año indican que la incidencia de embarazos en adolescentes de entre 15 y 18 años ascendió a 20.553 casos.

Pero volvamos a las niñas: entre 2014 y 2023, fueron 2.780 las niñas menores de 15 años que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual, según datos de PROMSEX, una organización no gubernamental feminista que busca que las personas “decidan sobre su sexualidad y su reproducción con autonomía, dignidad, justicia e igualdad”, según se presenta en su sitio web. Aunque terriblemente doloroso, no sorprende a los expertos: según el último reporte del Programa Aurora ,del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), más de 11.190 niñas y adolescentes han sido víctimas de abuso en el primer semestre del año. Y lo confirma a IntraMed Eleana Rodríguez Valero, coordinadora del programa de Derechos sexuales y reproductivos y ciudadanía en salud del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (CMP Flora Tristán). “Las estadísticas lo mencionan cada vez: las violaciones  sexuales han aumentado en niñas y en adolescentes; y precisamente ellas no acceden de manera oportuna al kit de emergencia, ni a la anticoncepción oral de emergencia”. 

“Uno de los problemas cuyas secuelas aún estamos observando es que durante la pandemia –casi tres años – disminuyó la entrega de los insumos anticonceptivos, así como la atención y la orientación a adolescentes en salud sexual y reproductiva; tampoco estuvieron disponibles los kits de emergencia, lo que ha impulsado el aumento de las maternidades forzadas”, añade Rodríguez Valero. Forzadas, sí. Veamos por qué: en 2023 los Centros de Emergencia Mujer atendieron a 30.837 personas por violencia sexual, de las cuales el 49.1% eran niñas de 12 a 17 años. Y si alguna de ellas  hubiera resultado embarazada y hubiera querido interrumpir la gestación, no habría podido: aunque se han cumplido 100 años de la legalización del aborto terapéutico en Perú, el concepto de “terapéutico” no incluye la violencia sexual...

Estas son las cifras generales, pero la situación no es homogénea. A finales de 2023, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) difundió un informe, según el cual que el 85% de las madres menores de edad en el Perú proviene de estratos de bajos ingresos.  “Hay un tema de desigualdad socioeconómica. Geográficamente no es cierto que todas las regiones del país tengan la misma tendencia (a la baja). Hay regiones que duplican o triplican el promedio nacional —advierte Hugo González Coltrinari, representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Perú, entrevistado por Karina Garay Rojas para la agencia de noticias Andina–. No es cierto que en todas las edades se esté dando la misma tendencia, porque lo que sucede entre las de 10 a 14 años no es igual a lo que ocurre con las de 15 a 16 años, ni por niveles de riqueza o pobreza. Una de cada cinco adolescentes experimenta la maternidad entre las más pobres, mientras que entre las que tienen mayores recursos es una entre 50. Es decir, la experiencia de la maternidad entre las que tienen menores recursos es diez veces más”. Y añade: “Es muy importante que se envíen señales claras sobre la persecución del delito y la restitución de los derechos de las niñas y adolescentes abusadas sexualmente, para que la misma sociedad y sobre todo los perpetradores de estos delitos entiendan que eso no será permitido”.

En el caso de Colombia, y según informó a IntraMed Paola Montenegro, directora de Investigaciones de Profamilia —organización privada sin ánimo de lucro que promueve y defiende los derechos sexuales y reproductivos en Colombia— en el primer semestre de 2024,  36.469 adolescentes de entre 15 y 19 fueron madres. Y esto no es todo: en el mismo período nacieron 1.876 bebés, cuyas madres tenían entre 10 y 14 años. “Y eso, a pesar de que el Código Penal colombiano establece que cualquier acto sexual con un menor de 14 años es abuso sexual, es delito. Es un dato que realmente uno esperaría tener casi en cero, pero no…”, adivirtió Montenegro, y señaló que de las cifras de violencia sexual contra las mujeres en Colombia, en el 40,71% de los casos las víctimas son adolescentes de 12 a 17 años; en el 16%, niñas de entre 6 y 11 años, y  el 8,7%, niñas de 0 a 5 años. Las cifras causan (o deberían causar) como mínimo un escalofrío, pero lo cierto es que, a pesar de todo, al menos en el tema de los embarazos, son mejores que las del año pasado: las madres de este último grupo llegaron, en 2023, a ser 3.821, y en 2010 habían sido 6.315. Por su parte, 78.000 adolescentes de entre 15 y 19 fueron madres el año pasado, y en 2010 habían sido 147.000.  “Los datos provienen de los registros de número de nacidos vivos según edad de la madre, del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). El comportamiento hacia acá ha sido a la baja, todos los años ha disminuido –señaló. Pero todavía son números bastante significativos. Y sabemos que el embarazo adolescente refuerza las trampas de pobreza, aumenta la posibilidad de abandono escolar, disminuye la posibilidad de acceder a trabajos bien remunerados, y todo se vuelve entonces un círculo de pobreza”. Las cifras que citó la experta son nacionales; sin embargo, en la capital, Bogotá -según datos del Registro Único de Afiliados al Sistema Integral de Seguridad Social- la tendencia de los casos de embarazo en niñas de 10 a 14 años se ha invertido: se registraron en los seis primeros meses de este año 132 nacimientos en este grupo, 28 más que en el mismo periodo del año anterior.

Pero Montenegro sabe que las cosas pueden ser diferentes: Profamilia llevó a cabo, gracias al apoyo económico la Embajada de Canadá, un proyecto en ocho municipios colombianos en los que se habían detectado tasas de violencia sexual y de embarazo adolescente alta, y cuestiones de violencia basada en género que calificó de “difíciles”.  “Acompañamos a niños, niñas y adolescentes de cuarto, quinto y sexto de primaria durante cinco años, con un modelo socioecológico de educación integral para la sexualidad; buscamos empoderamiento y cierre de brechas, con mirada completamente de género, y muy enfocado hacia la educación integral para la sexualidad –relató a IntraMed. Hemos hecho medición de impacto, y aunque la evaluación final estará el próximo año, ya constatamos que las tasas de embarazo adolescente bajan en los colegios; que al tener las niñas un proyecto de vida, ha bajado un poco la violencia basada en género… Vemos niñas más empoderadas; vemos niñas, niños y adolescentes que retardan un año su debut sexual (lo cual ayuda a disminuir el embarazo adolescente), vemos que han cambiado su pensamiento respecto de  roles de género, de sus proyectos de vida…”. “Creemos que esta es una de las estrategias muy importantes que cualquier gobierno debería acoger”, añadió.

Hay otro tema que no es menor: a diferencia de Perú y Ecuador, en Colombia no necesariamente los embarazos adolescentes son forzados. “Desde 2006 se permitía el aborto bajo las tres causales: violencia sexual, riesgo para la vida de la madre o riesgo para la vida del feto. Y en 2022 se despenalizó completamente el aborto hasta la semana 24”, informa Montenergro, y destaca que las niñas menores de edad no necesitan el consentimiento de sus padres para poder acceder al aborto. Cuenta, también, que para acompañar a esas niñas desde Profamilia se utiliza, si las interesadas lo prefieren, el aborto por telemedicina: les llega a la casa un kit y ellas hacen las consultas de manera virtual. “También puede ser presencial y tampoco necesitan consentimiento de sus padres”, informó Montenegro.

Lo que sí comparte Colombia con Ecuador y Perú es el problema de los matrimonios y las uniones tempranas. “No se dispone de información certera ni de datos estadísticos del fenómeno, pero hemos hecho unas aproximaciones tomando como base la definición de UNICEF —cualquier tipo de unión formal o informal que involucra a un niño o niña y o adolescente menor de 18 años— y el censo nacional de población de 2018. Y según nuestro cálculo, están en matrimonios o uniones tempranas el 15% de las adolescentes de 15 a 19 años y un 1,8% de las niñas de 10 a 14 años. Esto genera mayor riesgo de maternidad temprana en muchos casos no deseada, y también hay alta correlación entre uniones tempranas y violencia basada en género”, señaló, y enumeró otra consecuencias de esas uniones tempranas: restricción de la autonomía, el conocimiento, los recursos y el poder de decisión de las niñas; mucho mayor deserción escolar y cambio en su trayectoria educativa que sus pares en soltería. “Gran parte  de ellas termina dedicada, entonces, al trabajo doméstico no remunerado”, señaló.

También en México la situación preocupa. De hecho, el Instituto Nacional de Salud Publica lo califica como “una preocupación en la agenda de salud pública”; pero, como en Colombia (y veremos, también en Chile) las cifras de fecundidad adolescente están bajando. Entre 2009 y 2014 se había registrado un aumento del 10.8% en la  fecundidad ente niñas y adolescentes (de 69.5  a  77.0), de modo que en 2015 se decidió diseñar la  Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA). El objetivo: erradicar para 2030 los nacimientos en niñas menores de 15 años y reducir a la mitad la Tasa Específica de Fecundidad de Adolescentes (TEFA) de 15 a 19 años. Y, según datos del Consejo nacional de Población (CONAPO), esta se descendió, entre 2015 y 2023, un 16.7 %, pues se redujo de 72.4 a 60.3 nacimientos por cada mil adolescentes de ese grupo etario. Y -agrega el comunicado - esas cifras implican que se produjeron 356.551 menos que si la TEFA se hubiera mantenido constante en 72.4; eso implica casi 100 nacimientos diarios menos en ese periodo. De todas formas, según este mismo informe, la situación entra las niñas de 10 a 14 años ha ido en sentido contrario: se estima que entre 2015 y 2022 la razón de fecundidad de ese grupo etario pasó de 1.63 a 1.69 nacimientos por cada mil niñas

Aunque las cifras siguen siendo altas (especialmente en algunos estados, como Chiapas, Tlaxcala y Zacatecas, y dentro de ciertos grupos poblacionales), entre 2018 y 2023 el porcentaje de niñas y adolescentes de 12 a 19 años que estuvieron embarazadas disminuyó, de 8.4% a 6.1%. Son datos que recoge la investigación de un equipo liderado por la socióloga Celia Hubert López, del Centro de Investigación en Salud Poblacional del Instituto Nacional de Salud Pública, publicado este año en la revista Salud Pública de México. El trabajo señala, ente muchos indicadores, que respecto de ese grupo etario “llama la atención el descenso del porcentaje de niñas y adolescentes alguna vez embarazadas observado en el total de mujeres, que las residentes en zonas urbanas y las no  indígenas, con  valores cercanos a la  meta  programada para 2030”. Pero -advierte- ese patrón no se detectó en áreas rurales y hablantes de lengua  indígena,  “lo  que  coloca a  estas mujeres en posición de desventaja social”; y señala: “la situación requiere de acciones específicas en estos grupos poblacionales para lograr las metas de la ENAPEA y el principio de ‘no dejar a  nadie atrás’, planteado en  los  Objetivos  de  Desarrollo  Sostenible”.

Sucede que —como resalta también el comunicado del CONAPO ya citado— hay cuestiones culturales que son un desafío complejo de eliminar, pues implican de patrones profundamente arraigados en la historia y en las tradiciones comunitarias. Estas prácticas son más comunes en contextos de pobreza extrema, donde prevalecen desigualdades de género y violencia sexual. Una de ellas son las uniones tempranas, y los datos muestran que todavía, en las comunidades hablantes de lengua indígena, la proporción de mujeres unidas antes de los 18 años supera el 31 %. Por otro lado, la edad mínima de consentimiento sexual (o sea, aquella por debajo de la cual una relación sexual se considera delito) en México varía, dependiendo del estado, entre los 12 (27% de los códigos penales de las entidades federativas) y los 16 años (sólo el 3%). El 46% de los estados tiene como límite los 14 años. Así las cosas, la posibilidad de sanciones penales no funciona elemento desalentador. Y los datos muestran que en 2022 se registró el nacimiento de 7.255 bebés, cuyas madres eran menores de 14 años.

Para cerrar este panorama, es importante tener en cuenta que la interrupción del embarazo es legal en todo México desde que, septiembre de 2023, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que es inconstitucional criminalizar el aborto en el Código Penal Federal. Esto implica que es también ilegal que el sistema de salud federal niegue este servicio a las mujeres que lo soliciten en cualquier parte del país. Pero, se sabe, también respecto de esta posibilidad las cuestiones culturales pesan…

Y ahora llevaremos la mirada bien al Sur, donde Chile le ha torcido el rumbo a esta problemática: de la mano del uso de anticonceptivos, se ha observado una notable tendencia a la baja en los embarazos entre adolescentes: según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud, la tasa de fecundidad bajó, entre 2015 y 2020, tanto en el grupo de niñas de entre 10 a 14 (de 1.21 a 0.36 )  como en el grupo de entre 15 y 19 (de 39.31 a 15.39). Y en algunos datos del Ministerio de Salud pueden estar la clave: el uso del preservativo en la primera relación sexual subió del 59,9% al 73,8%; el porcentaje de jóvenes que usaron algún método anticonceptivo en su primera experiencia sexual (preservativo, pastilla u otro) aumentó del 77,5% (2018) al 86,6% (2022), y además, los y las jóvenes de entre 15 y 19 años muestran una mayor propensión a utilizar métodos anticonceptivos en su primera relación sexual en comparación con los más grandes, tanto los que tienen entre 20 y 24 años, como los del grupo de 25 a 29.

Pero la caída de la fecundidad adolescente empezó bastante antes… Un estudio publicado por Jorge Rodríguez Vignoli, de CELADE-División de Población, de la  de la CEPAL, y Antonia Roberts, de la Universidad de Chile, señalaba, ya en 2021, las particularidades de Chile en esta materia, en relación con lo que se vive en otros países. La variable diferencial, según el trabajo, fue lo que describen como “un conjunto relativamente articulado de acciones, en su mayoría lideradas por el sector salud, tendientes a reconocer la especificidad de los y las adolescentes; asumir su condición de sujetos sexuales; garantizar sus derechos sexuales y reproductivos, y facilitar el acceso a la salud sexual y reproductiva, incluyendo la anticoncepción en todas sus modalidades”. Posiblemente una de las claves del logro chileno sea lo de en todas sus modalidades. De hecho,  el título del trabajo incluye una frase contundente: “el método también importa”.

Lo cierto es que, según el informe, “se aprecia la caída enorme de la fecundidad adolescente desde 2008. En solo 12 años se redujo más de un 70%, alcanzado en 2020 (cifras provisionales) un 14 por mil, por lejos la más baja de América Latina”. Para ello, destacan los investigadores, ampliar el acceso a la anticoncepción ha sido clave. Pero –señalan– no solo es clave expandir el acceso; es indispensable una gama de anticonceptivos que les resulte funcional a las y a los adolescentes. “En este sentido, el incremento de los métodos Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración (ARLD) ha sido particularmente importante”, destaca el informe y añade que es indiepnsable también que se combinen con lo que llaman “la estrategia de espacios amigables”, y que se ponga a disposición de este grupo etario “no solo anticoncepción, sino también información, consejería, controles generales de salud, puerta de entrada para ingresos a atenciones más especializadas”.