Sin duda, pensar y hablar de eutanasia es difícil y delicado, pero también necesario. Afortunadamente, en nuestro país empieza a darse un debate para decidir si es conveniente legalizar esta práctica. Si bien el tema se ha revisado en el ámbito académico desde hace algunos años, apenas en los dos últimos años ha acaparado la atención de la mayor parte de la sociedad. Han sido diversos los factores que han contribuido a esto.

Por un lado, hace dos años tuvimos la oportunidad de ver algunas películas extranjeras en las que los personajes pedían ayuda para morir porque consideraban indigna su condición y se encontraban incapacitados para quitarse la vida por sí mismos. La película más importante fue Mar adentro, que contaba la historia de Ramón Sampedro, un español que quedó tetrapléjico como consecuencia de un accidente y vivió así por 30 años sin obtener del Estado la autorización para recibir la ayuda que necesitaba para morir como quería. Finalmente, una amiga le facilitó una bebida con cianuro que él ingirió con un popote y pasados veinte minutos murió en medio de grandes dolores.

Antes de volverse un suceso tan conocido, la lucha de este hombre por conseguir la eutanasia acaparó la atención de los medios, sobre todo de su país. Desde entonces, en diferentes lugares del mundo han surgido casos como el de Ramón Sampedro. Así, son varias las personas que han solicitado el permiso judicial para recibir la ayuda que necesitan para terminar con su vida o que hacen pública su decisión de suicidarse para poner fin a una existencia que consideran sin sentido. Todas ellas contribuyen a reabrir o avivar el debate sobre la muerte médicamente asistida en sus respectivas naciones.

En México, no hemos tenido conocimiento, a través de los medios, de casos relacionados con la muerte médicamente asistida, ni de pacientes que solicitan la autorización judicial para que se les provoque la muerte, ni de personas perseguidas penalmente por haber dado esa ayuda a algún conocido o familiar. Esto no significa que aquí no se aplique la eutanasia, sino que se hace de manera clandestina, lo cual, a su vez, implica que sólo algunos individuos tienen la posibilidad de recibir la ayuda que desean porque tienen la confianza y la suerte de contar con alguien con los conocimientos médicos requeridos. También presupone que otros enfermos, que quieren adelantar su muerte, se ven obligados a enfrentar el final de su vida en medio de una gran soledad para evitar a otros el riesgo de verse inculpados.

Mi impresión es que resulta poco probable que en México el debate avance, a diferencia de lo que ha sucedido en otros países a través del conocimiento de casos de pacientes que solicitan o defienden públicamente su derecho a decidir el final de su vida. Sin embargo, no cabe duda que somos sensibles a las experiencias que viven las personas en otros lugares porque en el fondo sabemos que cualquiera de nosotros puede estar en una situación en la que el sufrimiento nos haga ver a la muerte como la mejor solución.

Por otro lado, en los últimos tres años han aparecido en nuestro país distintas iniciativas de ley para despenalizar la eutanasia. Dos de ellas no prosperaron, pero actualmente hay otras dos que se están discutiendo. Estas iniciativas también han contribuido a que el tema esté en la mesa de discusión, lo cual me parece muy positivo porque es importante que la sociedad opine sobre el tema, y antes que eso, que lo entienda, lo que implica distinguir qué es y qué no es la eutanasia.

Definición

Antes de abordar los elementos del debate bioético de la eutanasia, me parece imprescindible empezar por definir la práctica para tener claro qué vamos a entender por eutanasia y otras formas de muerte médicamente asistida. Esto es especialmente necesario si se toma en cuenta que estamos ante un término que significa cosas muy diferentes entre las personas y que se ha utilizado de diversas maneras a través de la historia.1 Propongo la siguiente definición de eutanasia: es el acto o procedimiento, por parte de un médico, para producir la muerte de un paciente, sin dolor y a petición de éste, para terminar con su sufrimiento.

Por supuesto, existen otras definiciones de eutanasia y a cada país corresponde definir claramente las acciones que decide aprobar y prohibir. La definición que propongo se inspira en la que se utiliza en los Países Bajos en el sentido de ser muy específica. Desde que se despenalizó la eutanasia en este lugar (lo que sucedió en 1984; se legalizó en 2002), fue necesario establecer muy claramente los límites de lo que podía permitirse legalmente, de manera que se requirió de mucha precisión al definir la práctica.

Esta definición excluye muchas acciones con las que, equivocadamente, se confunde la eutanasia. Resulta inexacto llamar así a una acción que provoca la muerte si la persona que la realiza no es un médico, si el individuo que muere no padece una enfermedad o una condición médica que le provoque un sufrimiento intolerable, si la acción que causa la muerte va acompañada de dolor y, sobre todo, si la muerte no se produce en respuesta a la solicitud de quien fallece.

La eutanasia también está aprobada legalmente en Bélgica. En el estado de Oregon, Estados Unidos, lo que está permitido es el suicidio médicamente asistido. Esto significa que un médico puede ayudar a morir a un paciente, pero sólo proporcionándole una prescripción de una dosis letal de medicamentos que el enfermo debe tomar por sí mismo y se prohíbe la presencia del médico para ayudarlo.2

En los Países Bajos no hay una diferencia entre estas dos prácticas, ni desde el punto de vista ético ni desde el punto de vista legal. El paciente elige la modalidad de ayuda que desee y si opta por el suicidio asistido –a diferencia de lo que sucede en Oregon– el médico debe estar presente para ayudar al enfermo si éste lo requiere.

Es interesante señalar que detrás de estas diferencias en la forma en que se lleva a cabo la muerte médicamente asistida en los Países Bajos y en Oregon hay características culturales que influyen al determinar a qué dar más valor: si a la solidaridad del médico o a la autonomía del paciente, aun cuando ambos elementos estén presentes en las dos modalidades. Por tal razón, las implicaciones de la distinción entre eutanasia y suicidio médicamente asistido tendrán que formar parte del amplio debate que empieza a darse en México. Si se decide que la muerte médicamente asistida debe permitirse legalmente, surgen varias preguntas: ¿debería permitirse una forma exclusivamente o las dos?, ¿permitir sólo el suicidio médicamente asistido, por ejemplo, como hace Oregon, en donde se considera fundamental que la última acción que causa la muerte la produzca la misma persona que muere?, ¿o nos inclinaríamos a pensar que una vez que un médico está dispuesto a dar una ayuda tan especial debe estar presente hasta el final como lo piensan en los Países Bajos?

Ahora bien, además de la eutanasia y el suicidio médicamente asistido, existe otra forma de muerte médicamente asistida con la cual se pone fin a la vida de un paciente cuando se considera que la muerte es la mejor solución para resolver su situación, aun cuando éste no pueda expresar su voluntad. Para distinguirla de la eutanasia, en los Países Bajos se denomina acción de terminación de la vida sin solicitud expresa del paciente (LAWER, por sus siglas en inglés: life ending acts without explicity request).3 Se realiza en diferentes tipos de pacientes: neonatos con graves enfermedades y discapacidades al nacer, personas en estado vegetativo persistente e individuos que en algún momento expresaron su deseo de que se les aplicara la eutanasia y que en las etapas finales de su padecimiento ya no pueden comunicarse por las condiciones médicas que presentan (por ejemplo, sangrado y asfixia o neumonía y septicemia).4

Desde luego, tal acción resulta muy controvertida, ya que falta el principal elemento por el cual se ha justificado la eutanasia como una práctica éticamente aceptable: el valor de la autonomía de la persona. ¿Cómo puede justificarse una acción que termina con la vida de una persona cuando ésta no ha expresado que quiere que se provoque su muerte?

En este espacio me limito a señalar que la terminación de la vida sin solicitud expresa debe entenderse como una extensión de la eutanasia. Por diferentes causas, en la práctica médica se dan situaciones en las que una persona está incapacitada para expresar su voluntad, pero existen elementos para saber o suponer que, si pudiera expresarla, pediría la terminación de su vida. El caso de los bebés es aún más especial porque éstos no pueden manifestar su voluntad, y son los padres quienes toman las decisiones por ellos. El punto a discutir es si en todas esas situaciones es preferible acelerar la muerte del paciente o no actuar en ese sentido. Lo que no debe perderse de vista es que al extender la definición de eutanasia, estaríamos hablando de una eutanasia no voluntaria porque no hay expresión de la voluntad, lo cual es muy diferente a aplicar una eutanasia involuntaria, es decir, en contra de la voluntad de una persona. Sólo en este último caso se puede afirmar que la práctica se está utilizando con fines contrarios a los principios en que se apoya.

Las situaciones en las que un paciente adulto se encuentra incapacitado para participar en las decisiones sobre el final de su vida son una realidad que médicos y familiares enfrentan con cierta frecuencia. Por eso, es necesario encontrar soluciones óptimas. Una propuesta interesante en este sentido es el uso del documento de voluntades anticipadas, mediante el cual los individuos, cuando son competentes, pueden establecer su voluntad sobre los tratamientos que querrían y los que no querrían que les aplicaran en caso de encontrarse en circunstancias muy críticas en las que ya no pueden expresar sus deseos y otros deben decidir por ellos. En el Colegio de Bioética, A.C. elaboramos un modelo de documento que puede consultarse en la página www. colbio.org.mx.

Es deseable que el documento de voluntades anticipadas sea regulado legalmente y se cuente con un registro nacional o local para garantizar que se respalde la voluntad de los pacientes. Sin embargo, aun cuando el documento todavía no tenga un peso legal (como sucede actualmente en nuestro país), ciertamente tiene un peso moral y un gran valor por el hecho de facilitar las decisiones a quienes representan a un enfermo que ya no puede tomarlas.

Con el uso de este tipo de documento se puede evitar añadir un sufrimiento a situaciones dolorosas que son irreversibles. El conocido caso de Terri Schiavo, quien estuvo en estado vegetativo persistente por más de 15 años, hubiera sido menos triste y angustioso de haber contado con un documento de voluntades anticipadas porque se hubiera evitado la confusión y la ambigüedad entre los diferentes familiares al interpretar la voluntad de esta mujer.

Antes de pasar al debate bioético sobre la eutanasia, vale la pena revisar una clasificación de eutanasia ampliamente utilizada: la que distingue entre activa y pasiva. La primera se refiere a la acción que pone fin a la vida del paciente por medio de una acción encaminada a procurar la muerte, como es la administración de una droga. La segunda describe la muerte que se produce como efecto de la omisión o suspensión de acciones médicas que permitirían preservar la vida.

En general, la eutanasia pasiva tiene mayor aceptación desde el punto de vista religioso y social. Se podría decir que plantea menos problemas morales porque se considera que es la naturaleza la que acaba provocando la muerte del paciente sin que haya una intervención directa del médico. Además, la eutanasia pasiva se ve como una forma de terminación de la vida que evita muchas muertes inútilmente dolorosas causadas por el uso indiscriminado de la tecnología médica. Por esta razón, desde hace unos años en la literatura bioética se prefiere llamar a esta decisión limitación del esfuerzo terapéutico.5

Si bien es cierto que muchas veces con esta decisión los pacientes pueden evitar que se prolongue una situación de sufrimiento, no es tan evidente que exista una diferencia en términos éticos entre la eutanasia pasiva y la activa. Si las dos buscan que sobrevenga la muerte para poner fin a un sufrimiento intolerable, no debería implicar un juicio moral que en una se requiere hacer y en otra dejar de hacer. Que se recurra a una u otra opción depende de la situación física del paciente, de la evolución de su enfermedad y de la respuesta a los tratamientos que haya recibido. Parece una contradicción que sólo se considere válido ayudar a morir a quien pide dejar de sufrir cuando esto supone abstenerse de dar tratamiento y que no sea válido dar esa ayuda cuando no hay nada que quitar o dejar de hacer para que la persona muera, cuando no se da el caso, por ejemplo, de que haya una neumonía que se decida no atender. También sería absurdo apegarse estrictamente a la idea de que lo permitido es no hacer o sustraer algo que se está administrando y limitarse, por ejemplo, a retirar un respirador artificial que provocaría una muerte muy angustiosa cuando lo que supuestamente se busca es terminar con el sufrimiento de un enfermo.