PATRICIA TUBELLA  -  Londres 
 
La sanidad británica afronta un nuevo escándalo. Éste lo ha destapado la ONG Rarer Cancers Forum ("foro para los cánceres más raros"), y ha sido el descubrimiento de que el acceso a las novedades en tratamientos contra los tumores, aquellos que todavía no están en los protocolos oficiales del Servicio Nacional de Salud (NHS), no depende de la gravedad del enfermo o la eficacia del fármaco. Son comités locales, a veces dirigidos por gestores más preocupados en cuadrar las cuentas, los que deciden. Por eso, la organización lo ha denominado "lotería del código postal". Todo depende de dónde se viva: si se reside en un lugar con un comité dispuesto, se tiene lo último; si no, hay que aguantarse.

La revisión de las historias clínicas de pacientes con cáncer durante los últimos 20 meses ha concluido que a uno de cada cuatro se le deniega el acceso a los tratamientos innovadores que pueden aliviarles o prolongar unos meses su vida. Esas terapias requieren que el usuario reclame una cobertura sanitaria adicional: más de 1.300 personas (de un total de 5.000) recibieron el no por respuesta, sin que parezca que hay otro motivo que el lugar de residencia.

Así, por ejemplo, todas las demandas obtuvieron vía libre en los hospitales de ciudades como Wakefield y Warrington (ambas en el norte) o Havering (este), mientras los responsables de la sanidad en Nottingham (centro) y el condado de Hertfordshire (sureste) rechazaban prácticamente el 100%.

La radiografía de ese caos ha sido denunciada por la ONG a partir de los datos oficiales. "Miles de pacientes se han visto obligados a suplicar por sus vidas. Debe haber un modo mejor de encarar esos casos", declaraba su directora ejecutiva, Penny Wilson-Webb. El informe de este organismo ha sido financiado por el gigante farmacéutico Roche.

El Departamento de Sanidad ha asumido ese descontrol con la promesa de que el próximo otoño el NHS estrenará un nuevo código para evitar los tremendos e inexplicables desequilibrios.

La polémica arrecia pocos días después de que el NHS anunciara que dejará de facilitar a los enfermos de cáncer de riñón cuatro fármacos que pueden prolongar su vida, bajo el argumento de que resultan demasiado caros. Apoyados por una campaña en la prensa, grupos de pacientes denunciaron la medida como "una condena a muerte" nacida de fríos cálculos económicos.

El Instituto Nacional de Sanidad y Excelencia (Nice), responsable de la decisión, alega que esos medicamentos significan un gasto excesivo cifrado en unos 32.000 euros anuales por paciente, y no ofrecen una aceptable relación calidad-precio aunque sean "clínicamente eficaces", según su director, Peter Littlejohns. El conocido locutor de radio James Whale, a quien se le diagnosticó un cáncer de riñón en 2000, le ha replicado que esos fármacos han proporcionado a muchas familias "una esperanza para el futuro".

Un reciente estudio del Instituto Karolinska sueco, pagado por la UE, destacaba que Reino Unido era uno de los países a los que más tardaban en llegar las novedades antitumorales. España estaba al otro lado de la lista. Sin embargo, en el sistema sanitario español no sería posible hacer un estudio como el inglés. No hay, ni siquiera, un registro de personas con cáncer. Y los pacientes no tienen una vía legal para reclamar otro tratamiento que el que les ofrece su médico. Éste es el que decide, en función de sus conocimientos -que dependen de su interés-, si solicita un medicamento experimental o todavía no aprobado.