Entre las formas de agresión que se han multiplicado en el medio urbano sorprenden las que se han concentrado en el ataque al personal de los hospitales. En enero pasado, un grupo de barrabravas ingresó en la guardia del Hospital de Agudos Francisco Santojanni para apuñalar al integrante de una facción rival allí internado. El episodio convocó al asombro, que recientemente se reavivó cuando en el mismo lugar un grupo muy numeroso atacó a médicos, enfermeras y otros miembros del personal, que padecieron golpes, insultos y amenazas con armas blancas y de fuego ante la confusa muerte de una paciente que ellos imputaron a fallas de atención. Un episodio de tanta gravedad determinó un día de paro de protesta en demanda de mayor seguridad en los 33 hospitales de esta capital.
Ese tipo de agresiones también preocupa en el interior, razón por la cual Catamarca, Corrientes, Neuquén y Santa Cruz han solicitado asistencia a la Asociación de Médicos de esta capital. Mientras tanto, desde el año pasado, contra toda lógica, se retiró la protección policial de los nosocomios porteños por decisión del Ministerio de Seguridad, a cargo de Nilda Garré.
Las denuncias de actos de violencia cometidos en los hospitales públicos han ido creciendo en los últimos años. Así, en 2007 fueron tres y en 2010 llegaron a 100. Un relevamiento nacional emprendido por la Sociedad Argentina de Pediatría y Unicef ha demostrado que el 47 por ciento de los 15.461 pediatras del país se sienten inseguros en su lugar de trabajo.
En otras palabras, las agresiones contra médicos con acusaciones no probadas de mala praxis han dejado de ser raptos de furia ocasionales. La repetición de episodios de ese carácter, en situaciones y lugares diversos, permiten suponer que se ha desarrollado una subcultura de la violencia, dentro de la cual las agresiones constituyen una forma de comportamiento aprobado por la moral convencional de los grupos que la ejercitan y que la han decantado como hábito de sanción. Esa realidad ha madurado en un ámbito social donde las personas, las leyes y las instituciones han dejado de respetarse y quedan a merced de la arbitrariedad y la fuerza.
Este injustificable riesgo que afecta a quienes sirven a la salud y al cuidado del prójimo revela también en los agresores la presencia de un malestar, que se descarga sin control en actos violentos cuando se eleva el tono emocional. Esa onda agresiva de algunos provoca sugestión y contagio en otros que los imitan. El estado anímico, que prepara esa expresión violenta, muy probablemente arraigue en causas ajenas, originadas en carencias o frustraciones, como lo han probado estudios realizados en otros medios acerca de conductas como las comentadas.
La frecuencia de actos violentos que poseen semejanza entre nosotros -como se observa en esta serie de ataques al personal de los hospitales- constituye en su fondo un problema social que debería inquietar a las autoridades y llevarlas a alentar las investigaciones tendientes a establecer las causas profundas que los provocan. El país y sus mayores ciudades registran cotidianamente actos de violencia, algunos tolerados y otros organizados. En ese juego peligroso, la violencia -sea reactiva o bien instrumentada para otros fines- constituye un componente peligroso de la vida social que exige control, investigación y modos de neutralizarlo.