La Guajira es un departamento colombiano en el mar Caribe. La costa de la capital, Riohacha, está bordeada de palmeras, playas y puestos de artesanía; es la vía de acceso al cada vez más famoso desierto que concentra el turismo aventura en la región. Pero la cosa no es tan paradisíaca como suena a primera vista…

Un dato importante es que –según datos de la ONG internacional Acción contra el Hambre - el 93,31% de los hogares pertenecen al pueblo indígena Wayúu. En agosto de este año, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer las cifras poblacionales actualizadas de 2023, y estas dan cuenta de que la pobreza extrema en este departamento pasó del 37,1% al 40,6%. Está, junto con la del departamento de Chocó, 20 puntos por encima de la del resto del país.

Así las cosas, La Guajira encabeza los números de una situación nacional que es alarmante  y que vamos a describir en orden decreciente, “de lo peor a lo menos malo”: según los datos del Instituto Nacional de Salud (INS), hasta la semana epidemiológica 44 (27 de octubre al 2 de noviembre) de 2024 se han confirmado 149 muertes infantiles por desnutrición, es decir, más del 53 % de los 278 casos notificados de mortalidad general en niños menores de cinco años. Fueron 31 casos en La Guajira; 28 en Chocó, y 14 en Antioquia. Además, los casos de morbilidad asociados a desnutrición crecieron de manera preocupante. A fines de noviembre, ya eran 174 los niños fallecidos.

Asimismo, hasta fines de octubre se habían notificado 21.867 casos de morbilidad por desnutrición infantil, un aumento del 7,19 % comparado con los 20.401 casos registrados en 2023. Las regiones más afectadas están, también en este caso, encabezadas por La Guajira (2.483 casos), seguida por Bogotá (2.757), Antioquia (2.468), Cundinamarca (1.273) y Chocó (988 casos).  Y en el país en general -informa Unicef Colombia- en 2023 se habían reportado 19.415 casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, un aumento del 13.9% respecto al 2022.

Buena parte de estos datos son confirmados por el informe sobre inseguridad alimentaria y falta de acceso a alimentos con alto grado de nutrientes, editado por la Asociación de Bancos de Alientos y la Defensoría del Pueblo de Colombia.

Se titula “Desnutrición en la primera infancia: análisis multicausal, perspectivas y desafíos” y tiene a Icela Lucía Díaz Cárdenas (psicóloga, especializada en Proyectos de Desarrollo y en Gerencia Púbica) como primera autora. El informe destaca que su objetivo es brindar “un documento que dé cuenta de la situación actual de la desnutrición en niños y niñas menores de 5 años en el territorio nacional y se realiza un enfoque especial en las regiones Caribe, Pacífica y Amazonas con el objetivo de identificar los principales factores asociados y las causas determinantes”. El documento da cuenta de una situación que se viene agravando desde hace tiempo: sobre la base de datos del INS, hallaron que entre 2017 y 2019 la tasa de desnutrición aguda en niños menores de 5 años aumentó progresivamente de 2,8 por cada 1000 niños, en 2017, a 4,4 en 2019.

Es cierto que los números bajan en 2020, con la llegada del Covid-19 y las medidas de aislamiento a 2,7 (una disminución del 37,6 %), pero los investigadores postulan que ese descenso se deba probablemente a cambios de reporte y registro de casos debidos a las restricciones de movilidad y al acceso limitado a servicios de salud. En parte la hipótesis se sostiene en el hecho de que entre 2020 y 2021 la tasa volvió a subir significativamente, con un aumento del 50,3 %, el mayor del periodo analizado, “seguido por un ascenso continuo en los años sucesivos, que evidencian la reanudación y exacerbación de esta problemática de salud pública”, destaca el informe y agrega: “son los centros poblados y rural disperso los que presentan mayores tasas de desnutrición infantil y sobrepasan las tasas nacionales”. Resalta también que, en 2023, el 32,3 % de los casos de desnutrición infantil se registró en niños y niñas menores de un año.

 El informe señala asimismo que, al revisar la tendencia en grupos poblacionales específicos, “se identifica que las notificaciones han aumentado en el último quinquenio para la población indígena, frente a la población afrocolombiana”. El aumento para el último año de la serie (2023) fue del 31,4 por ciento de variación: 5.038 casos entre la población indígena (la mayoría de la población wayuu). En comparación con 1264 casos entre la población afrocolombiana. Y, lamentable “crónica de una muerte anunciada”, también señalan que durante 2023 se confirmaron 301 decesos infantiles por desnutrición, y de estos casos, 171 se presentaron en población indígena.

La población general

Otro dato preocupante del informe es que, en términos generales, 15,4 millones de personas en Colombia presentaron insuficiencia alimentaria, o sea, les fue imposible obtener diariamente nutrientes y proteínas esenciales que están en verduras, frutas, carnes y productos lácteos.

Daniel Eduardo Castillo Melgarejo, magíster en Políticas Públicas por la Universidad Nacional de Colombia (UNAL), analiza esta situación. “Aunque el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026, ‘Colombia, potencia mundial de la vida’, dedica todo un capítulo de acción contra el hambre, la promoción de la soberanía y la seguridad alimentaria, la constitución del programa Hambre Cero y toda una ambiciosa meta en términos de la agenda 2030 para reducir la tasa de mortalidad por desnutrición a 5 de cada 100.000 niños, la crisis alimentaria continúa. Lo hace en su artículo “Hambre y desinformación, un problema que persiste”, publicado en el periódico de la Universidad Nacional de Colombia. Agrega que la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) llevada a cabo por el DANE en 2023 mostró una prevalencia del 26,1% de inseguridad alimentaria, causada porque los hogares no tuvieron suficientes alimentos, por falta de dinero y otros recursos. Y resalta que última Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), realizada en 2015 por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), daba cuenta de una prevalencia de 54,2% por hogar, es decir que en el país 1 de cada 2 hogares estaba en situación de hambre, observada en términos de inseguridad alimentaria y nutricional. “Lo preocupante –agrega– es que la encuesta tiene una vigencia de 5 años y los nuevos datos se tomaron de 2019, pero no existe información actualizada a la fecha”. Asegura que “la desinformación en salud, alimentación y nutrición sigue llevando al país a tomar decisiones erradas, y, peor aún, a seguir discursos o líneas de acción no sustentados en la evidencia”, y resalta: “En Colombia se necesita un compromiso serio y palpable por articular productiva, comercial y redistributivamente el alimento saludable, nutritivo y culturalmente apropiado en el país, para el acceso de todos. Si de cambio se trata, es hora de dejar de posponer la crisis alimentaria nacional como lo hicieron los gobiernos pasados. No podemos esperar 2 años más para ver resultados concretos, mientras en 2023 se reportó la muerte por desnutrición de 246 niños”.

Un último dato duro: los departamentos más perjudicados por la insuficiencia alimentaria en 2023, según el informe ya citado de la Asociación de Bancos de Alientos y la Defensoría del Pueblo de Colombia, fueron Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó (que conforman la región Pacífica) y Atlántico, que vieron al 34 por ciento de su población en esta encrucijada.