Hasta la semana epidemiológica 46 de 2023, se notificaron 18.256 casos nuevos de VIH en Colombia. En comparación con años anteriores, la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes ha aumentado notablemente.
Según los datos de Cuenta de Alto Costo, una entidad del sistema de salud que gestiona y proporciona datos e información comparable para acelerar las mejoras en la atención de las personas con enfermedades de alto costo, el número de personas que viven con VIH, en 2023 se reportaron 166.496 casos. Y hasta la semana epidemiológica 46, también de 2023, se notificaron 18.256 casos nuevos confirmados de VIH al SIVIGILA. Mirando hacia atrás en el tiempo, se observa un aumento notable en la tasa de incidencia por 100.000 habitantes: entre 2020 y 2021, pasó de 23,49 a 30,86 por 100.000, y de 2021 a 2022, pasó de 32,26 a 33,55 por 100 000 habitantes.
También hay datos positivos: la Cuenta de Alto Costo informa que el 82,68% de las personas que viven con VIH recibían terapia antirretroviral en 2023, y que el 68,35% alcanzó el objetivo de indetectabilidad de la carga viral (< 50 copias/ml). Pero el incremento de casos exige acciones más decididas, y las estrategias colombianas para hacer frente a esta pandemia corrieron peligro este año…
| Un poco de historia |
El 2 de octubre de 2023, por Resolución 1579, el Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia había declarado de interés público del medicamento Dolutegravir y su sometimiento a licencia obligatoria, como modo de garantizar el acceso equitativo al tratamiento del VIH. La razón es epidemiológicamente muy fuerte: es la alternativa farmacológica de primera línea recomendada por la Organización Mundial de la Salud -y por la Guía de Práctica Clínica de VIH en Colombia-, pues en un antirretroviral que tiene menos efectos adversos y genera menos riesgo de provocar resistencia. Pero no fue tan sencillo por cuestiones de patente.
Con todo, el Ministerio no se quedó atrás: el 1 de diciembre, Día Mundial en Respuesta al VIH, emitió tres resoluciones, por medio de las cuales desestimó los argumentos expuestos en los recursos, y abrió las puertas para que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) iniciara el proceso de otorgamiento de la licencia que había solicitado.
Además de las ventajas médicas, había otra razón más que fuerte: “De acuerdo con el análisis realizado por el Comité Técnico, se estima que el tratamiento anual con Dolutegravir (TIVICAY® 50 mg) por paciente, bajo el precio reportado en el SISMED, tendría un costo de $4.818.894, frente al ofrecido por la OPS con un costo anual de $173.893”. Ello significa una diferencia de $4.645.001, con lo cual se podría atender a 27 personas más que con la molécula comercial, resalta.
La Superintendencia autorizó lo que se pedía, pero en agosto, según informa el Ministerio, los demandantes volvieron a la carga: interpusieron un reclamo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) porque –afirma la denuncia- la medida adoptada por la SIC no se ajustaba a los compromisos adquiridos por Colombia en el marco del ordenamiento jurídico en materia de propiedad intelectual, por cuanto no había establecido “los parámetros temporales para su aplicación”.
| Buenas noticias |
El 6 de noviembre, la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCAN) dio por zanjada la cuestión: dictaminó que Colombia no está incumpliendo compromisos en materia de propiedad industrial, porque el genérico del retroviral Dolutegravir será utilizado para atender las necesidades de la población priorizada: personas que viven con VIH recién diagnosticadas; personas con falla virológica y personas que requieren profilaxis post exposición, y migrantes venezolanos. Y que la decisión había sido adoptada por Colombia para controlar el incremento de nuevos casos de VIH y facilitar el acceso al medicamento. Y señaló que Colombia no incumple sus compromisos respecto de la temporalidad de dicha medida, pues -por la propia naturaleza de las razones que sirven de fundamento- no es posible determinar a priori su duración, ya que esta dependerá del impacto en la sociedad, particularmente en el público objetivo a la que va dirigida.
“Este dictamen de la SGCAN respalda la decisión del Gobierno colombiano de ofrecer un mayor acceso y cobertura de este medicamento a la población priorizada que vive con VIH. Lo anterior contribuirá a disminuir el incremento de nuevos de casos”, señala la noticia del Ministerio de Salud publicada el 6 de noviembre pasado.