Como un relámpago en plena noche, la esperanza iluminó de golpe un panorama desalentador: a cambio de unos cuantos miles de dólares, en Bolivia era posible conseguir de inmediato un trasplante de riñón que alejaría para siempre el desgastante tratamiento con diálisis. Pero a semejante ilusión le sucedió un drama de las mismas proporciones: por negligencia médica o bajo un riesgo quirúrgico que haría impracticable esa operación para un cirujano honesto, las cosas terminaron mal. Tras la investigación sobre la venta ilegal de órganos en Bolivia, publicada el 25 de junio, Clarín presenta hoy la historia de al menos tres argentinos que se hicieron un trasplante en Santa Cruz de la Sierra y murieron en cuestión de días.

Los relatos son tímidos, fragmentarios. Algunos familiares de las víctimas aceptaron hablar una vez que Clarín descubrió su caso, otros desistieron de hacerlo. El temor a ser perseguidos por la Justicia a causa de la compra del órgano aprieta muchos labios. Unos ignoraban que la transacción era ilegal. Algunos lo sabían. Otros asumieron como suyo un riesgo al que jamás deberían haberse sentido expuestos, porque corresponde a una decisión exclusivamente médica: realizar una operación que por el estado general de salud del paciente, por la posibilidad cierta de que hubiera complicaciones mortales tras la cirugía o por el simple hecho de no "arriesgar" un órgano sano en un cuerpo tan deteriorado, no debería haberse practicado de ninguna manera.

La historia de Arturo Kouyoumdzian, un cantante de música armenia famoso en toda América Latina, es desgarradora. Arturo, un grandote simpático, tenía diabetes desde los 22 años y a los 30 quedó ciego por una infección hospitalaria. Nada de eso melló su carácter, pero la noticia de que sus riñones ya no servían más fue demasiado para su ánimo: en agosto de 2001, a los 49 años, "la voz de Armenia" comenzó a dializarse.

"El primer año se lo bancó bastante bien, pero sus fuerzas estaban acabadas", cuenta a Clarín Karina, su pareja desde 1999. Estragado por los pinchazos y las complicaciones, decepcionado ante la perspectiva que se abría ante él, el destino le mostró a Arturo su primera carta a mediados de 2003. "El doctor Ricardo Ibichian, un cardiólogo que había sido compañero suyo en la escuela, vino con la novedad de que en Bolivia el doctor Raúl Bocángel podía trasplantarlo. Dijo que eran muy amigos —algo que después comprobé personalmente— y que todo era legal".

Pero la decisión tardó en madurar. "Lo resolvimos el año pasado, tras una reunión con Ibichian. A comienzos de agosto él nos acompañó a Arturo y a mí a Santa Cruz, y arregló el precio del trasplante con Bocángel. Dijo que salía 50.000 dólares, pero que él lo conseguía por 45.000. Arturo se hizo el primer estudio clínico y regresamos al día siguiente", relata Karina.

Entonces comenzó otra odisea. Arturo y sus músicos organizaron festivales, cenas, rifas y cualquier otro evento solidario que le permitiera costear su propio trasplante. Lejos todavía de alcanzar la cifra necesaria, un amigo generoso y discreto zanjó la diferencia. Ansioso, lleno de preguntas y con la sonrisa despeinándole la barba, Arturo, su novia y su suegra partieron hacia Bolivia el 25 de agosto, hace casi un año. El volvería al país en un ataúd.

Seguimos escuchando a Kari na, cuyo testimonio también fue confirmado a Clarín por otros dos miembros de la comunidad armenia: "Llegamos, nos instalamos en un hotel y hasta el 7 de setiembre a Arturo lo dializaron cada dos días. Tenía la válvula mitral tapada, pero nos dijeron que eso no traería problemas. Un día Bocángel mandó a un secretario con un papel para que Arturo lo firmara, en el que decía que el donante no recibía plata. Arturo se reía. Le parecía patético, pero estaba jugado."

El 8 de setiembre, el cantante fue internado en la clínica Niño Jesús II, y al mediodía siguiente lo trasplantaron. Durante la operación, que duró cuatro horas y media, Karina vivió su primer momento traumático: "Tuve un breve contacto con la esposa del donante, fue terrible. La chica estaba sentada en un pasillo con sus dos hijitos. Yo le hice señas como preguntándole si era quien yo creía, y ella asintió. Pero no hablamos, estaba prohibido".

Al rato, Bocángel se le acercó sonriente: "Salió todo bien, señora". No era cierto. "A la tardecita me dijeron que el riñón no estaba respondiendo", recuerda Karina. "Me quedé hasta la medianoche, pero no tuve más noticias. Al día siguiente volví al hospital y Bocángel me dijo que Arturo había levantado temperatura, que le iban a sacar el órgano y que por su estado no había posibilidad de trasplantarlo otra vez." El sueño había terminado. La pesadilla acababa de empezar.

"Me agarró un ataque de nervios. Los parientes de los otros trasplantados me decían 'llevátelo con vida, que le saquen el órgano y llevátelo'. Pero eso sólo lo entendí después." La nueva operación se hizo al día siguiente, y sólo aceleró los problemas: sin el riñón que le habían trasplantado, "dopado con morfina, dolorido y confundido, a Arturo tampoco podían dializarlo. Le provocaron un coma farmacológico y le pusieron un respirador artificial. El me escuchaba, me agarraba la mano" retoma Karina. "Una enfermera me dijo que tenían que afeitarle la barba por el riesgo de infecciones. ¿Y por qué no lo hicieron antes del trasplante? Dos días después, el 13 de setiembre, murió". Tenía 53 años.

Las sorpresas desagradables no terminaron para Karina. Se había activado otra fase del negocio, algo que al parecer ocurría con frecuencia: la pelea por trasladar a la Argentina el cuerpo del desgraciado. Los empleados de varias funerarias que ya estaban avisados sobre el inminente desenlace acosaron a la aturdida mujer, que dos días después logró enviar a Arturo a Buenos Aires. "Ahí terminé de comprobar que Bocángel era un cínico", estalla hoy. "En el certificado de defunción puso diabetes, infarto masivo y paro cardiorrespiratorio, ni siquiera mencionó el trasplante. Igual, de entrada vimos que era un comerciante: aunque el presupuesto incluía todo, nos cobró 100 dólares por el estudio de histocompatibilidad, otros 100 por el cardiólogo, 60 por el neumonólogo, quería que pague la diálisis, la ambulancia..."

La pareja de Kouyoumdzian guarda sus últimas balas para el doctor Ricardo Ibichian, el médico que según dice le aconsejó llevar a su novio a Bolivia. "Por gente de Buenos Aires a la que yo llamaba desde allá supe que él hablaba con Bocángel todos los días, pero yo no pude encontrarlo. De hecho, no lo vi ni hablé con él nunca más. Es de lo peor. Cuando viajó con nosotros no le pagamos más que los viáticos, pero él después se cobró con Bocángel: el trasplante que salía 36.000 nos costó 45.000 dólares. El arregló todo y después nos dejó solos." Durante la entrevista que Clarín mantuvo con Bocángel simulando ser un potencial cliente, el 8 de junio pasado, el cirujano presupuestó su "paquete de servicios de trasplante" —que incluye la compra del riñón— en 40.000 dólares.

Para escuchar su versión, el Equipo de Investigación se comunicó con Ibichian, quien primero dijo haber visto a Bocángel sólo "en dos congresos, hace unos tres años y un año y medio atrás", pero minutos después y ante la insistencia de Clarín admitió haber viajado con Arturo a Santa Cruz. "La colectividad armenia me llamó por teléfono para pedirme que me ocupara, porque este muchacho tenía a 45.000 personas atrás. Aunque el pobre falleció con todas las complicaciones habidas y por haber, porque era un paciente de alto riesgo. Yo lo único que hice fue presentarlo, estuve un día y volví", dijo un tanto nervioso. Ibichian también negó haber negociado el pago del trasplante.

Por el testimonio de Karina, el caso del cantante armenio se revela aquí en todos sus detalles, pero la suya no es la única muerte de un argentino trasplantado en Bolivia que Clarín pudo confirmar. Otra de las víctimas de las cirugías ilegales en Santa Cruz de la Sierra fue el sociólogo y encuestador Luis Stuhlman, un hombre cercano al radicalismo cuyo sorpresivo fallecimiento fue anunciado en los medios el 18 de enero de 2002, sin ofrecer más detalles sobre sus causas excepto difusas menciones a su "delicado estado de salud".

"Luis tenía insuficiencia renal crónica desde hacía mucho tiempo. Su salud era muy mala", admitió ante este diario un amigo del especialista en marketing político. "Por el estado de su cuerpo en Argentina no había forma de que lo trasplantaran, y él necesitaba esa cirugía con suma urgencia. Su calidad de vida era pésima, tenía problemas cardíacos, varios by-pass. Se buscó en Brasil, Estados Unidos y por último en Bolivia. El sabía que era una intervención de mucho riesgo. Se jugó a todo o nada.". Salió nada. Otros dos amigos del sociólogo confirmaron la historia, y también uno de sus familiares más cercanos, que se negó a brindar más datos excepto que "Luis fue a Santa Cruz con su cardiólogo y su nefrólogo."

El tercer caso del que tuvo noticia Clarín por tres fuentes que solicitaron no ser identificadas —incluido un alto funcionario del gobierno boliviano— es el de la hija de uno de los empresarios más famosos de la Argentina, dueño de una tradicional firma de productos lácteos. La dama, de 49 años, habría muerto el 31 de ma yo de 2005 a las 22 horas, tras haber sido trasplantada en Santa Cruz de la Sierra. Su familia dijo a este diario que no haría comentarios al respecto. Como ella, como Stuhlman y Arturo, quizá sean más los argentinos que murieron por haber creído que en Bolivia encontrarían la salida a su severo diagnóstico. O que tal vez lograron salvarse, pero desconocían la trama del negocio que involuntariamente alimentaron. Su testimonio puede salvar a muchos otros. Todavía.

Investigan la denuncia de Clarín

El domingo 25 de junio, el Equipo de Investigación de Clarín denunció que al menos dos cirujanos bolivianos de Santa Cruz de la Sierra, Raúl Bocángel y Herman Peinado, vendían y trasplantaban riñones por entre 30.000 y 45.000 dólares, que en la mayoría de los casos eran recibidos por pacientes argentinos. A diferencia de la Argentina, Bolivia permite la donación de órganos de personas vivas no relacionadas con el receptor, aunque proh«íbe claramente cualquier tipo de pago por esa donación.

Para darle un barniz de legalidad a sus operaciones, los médicos fraguaban las declaraciones juradas que tanto el "donante" (es decir el miserable que vendía uno de sus riñones) como el receptor y el cirujano presentan ante el Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz afirmando que la donación es voluntaria y, por supuesto, gratuita.

La publicación de la denuncia generó un escándalo en Bolivia y el inicio de la investigación judicial conducida por el fiscal general de Santa Cruz, Jaime Soliz, que en estos 50 días confirmó la existencia de cirugías irregulares (ver página 36). Los fiscales allanaron las clínicas Niño Jesús II —donde operaba Bocángel— y Foianini —en la que trabajaba Peinado—, el Sedes y varios consultorios privados, secuestraron documentos y comprobaron que ninguna de las clínicas estaba habilitada para hacer trasplantes y que los datos de los "donantes" eran falsos.

La semana pasada fueron citados a declarar los dos cirujanos y también otro médico que hace trasplantes de riñón en Santa Cruz, Herland Vaca Diez. Bocángel pidió prorrogar su cita, y deberá presentarse esta semana. Según los fiscales su situación es muy complicada: muchas pruebas lo comprometen, y el seguimiento de una de sus cuentas bancarias en Bolivia —las últimas operaciones las cobraba en un banco de Nueva York— reveló depósitos de entre 15.000 y 40.000 dólares en fechas coincidentes a los días en que hizo trasplantes. En un momento, el saldo llegó a sumar 298.000 dólares. También está en la mira el ex director del Sedes, Fernando Gil (despedido por esta causa), y varios de sus colaboradores. Se sospecha que cobraban coimas para autorizar los trasplantes ilegales.

Médicos argentinos bajo la lupa de la ley

Durante la entrevista que mantuvo con Clarín creyendo que estaba frente a un potencial cliente para sus trasplantes, el cirujano boliviano Raúl Bocángel mencionó a tres médicos argentinos como contactos suyos en Buenos Aires. Utilizando la misma técnica, el Equipo de Investigación los llamó a todos para intentar verificar esa relación. Pablo Raffaele, jefe de trasplantes de la Fundación Favaloro, fue categórico: "No lo conozco. Sé que habla de mí, y esto me preocupa".

El jefe de Nefrología del Cemic, Antonio Vilches, fue otro de los mencionados. Aceptó haber hablado con Bocángel "a propósito de algunos pacientes" y dijo que la compra de riñones "allá es legal". Ante el pedido de Clarín, el Cemic emitió el viernes un escueto comunicado, que se refiere a Vilches como "un excelente profesional, respetado y reconocido dentro y fuera de la institución".

El otro médico señalado en Santa Cruz es Horacio Pereyra, un nefrólogo del Hospital Británico que admitió haber estado con Bocángel en marzo y dijo que "probablemente vaya en agosto con una paciente que me pidió que la acompañe", aunque en un segundo contacto y ante la presentación del periodista lo negó con énfasis. Clarín quiso saber esta semana si en el Hospital habían tomado alguna medida con Pereyra, pero el director médico Juan Carlos Emery, la única persona autorizada a hablar, estaba de viaje.

A estos casos se suma hoy la denuncia contra el cardiólogo Ri cardo Ibichian, y la fuerte sospecha de que podrían ser muchos más los médicos argentinos que enviaban pacientes a trasplantarse en Santa Cruz sabiendo que allí debían comprar el riñón.

 La denuncia de Clarín provocó un fuerte debate en la Sociedad Argentina de Trasplantes, la entidad científica que agrupa a médicos, bioquímicos y psicólogos con intereses en el tema. Para la SAT, en los trasplantes de riñones con donantes vivos —que en Argentina sólo son permitidos entre padres, hijos o hermanos excepto que un juez autorice la donación a una persona muy cercana al receptor—"deberá excluirse todo mecanismo de coerción y desecharse toda retribución material".

La Sociedad califica como "ilegal, ilegítimo e inmoral todo acto médico que implique compra o venta de órganos ", considera que bajo esas circunstancias los donantes "se ven obligados a hacerlo por la pobreza o la ignorancia " y califica estas entregas como "verdaderos despojos". Además, pide "detener todas las prácticas que vulneren las leyes y las normas éticas universales de la donación de órganos".

Clarín también recibió esta semana un comunicado de la Sociedad Argentina de Nefrología (SAN), que señala la "vulnerabilidad" de las personas pobres que son tentadas para vender sus riñones por parte de "individuos inescrupulosos que lucran" con su drama. Tras un llamado a la docencia para alentar la donación de órganos, la SAN dedica un párrafo a los médicos argentinos que de algún modo podrían haber alentado a sus pacientes a ir a Santa Cruz: "No juzgamos de ningún modo a colegas, pero advertimos sobre las responsabilidades que les caben a quienes propician y eventualmente pudieran beneficiarse económicamente con este tipo de prácticas ralizadas en Bolivia".

JAIME SOLIZ, JEFE DE LOS FISCALES BOLIVIANOS QUE INVESTIGAN EL CASO
"No vamos a acusar a los pacientes trasplantados"

El paso por Buenos Aires del fiscal general de Santa Cruz de la Sierra Jaime Soliz fue tan fugaz como silencioso. Encargado de coordinar a los tres fiscales que investigan el supuesto comercio y trasplante ilegal de riñones a muchos ciudadanos argentinos —que Clarín denunció en junio— Soliz se mostró interesado por indagar cómo se reclutaban en Argentina los pacientes que luego eran trasplantados en Bolivia, y aseguró que no perseguirá a estas personas ni a los bolivianos que vendieron sus riñones. "Ellos fueron aprovechados en su necesidad por una organización criminal que hizo negocios millonarios", consideró.

Estos son los tramos centrales de su diálogo con Clarín:

—¿Por qué vino a Buenos Aires?

—Viajé a recoger elementos para avanzar en la parte argentina de la investigación sobre el comercio de órganos en Santa Cruz.

—El doctor Bocángel, uno de los médicos denunciados, mencionó a varios colegas argentinos como "proveedores" de clientes.

—Según los registros oficiales, en los primeros seis meses de este año sobre 18 trasplantes de riñón 11 se practicaron a receptores argentinos. Eso da un promedio de un trasplante cada quince días. A su vez, tenemos fuertes sospechas de que se hicieron muchas más operaciones que no fueron declaradas. Estamos seguros que semejante flujo de pacientes sólo fue posible gracias a la activa participación de médicos argentinos en el envío y asesoramiento de candidatos para trasplante.

—¿Usted sospecha que por esta supuesta colaboración los médicos argentinos cobraban una comisión sobre el pago del trasplante?

—De ninguna manera podría descartarlo.

—¿Los argentinos que recibieron riñones en Santa Cruz pueden llegar a ser acusados de algún delito?

—No, y esto debe quedar claro. Al igual que con respecto a los "donantes", los fiscales pensamos que ellos fueron víctimas de una organización criminal que se aprovechó de su desesperación y de los deseos de mejorar su calidad de vida con un trasplante por el que quizá tienen que esperar mucho tiempo en Argentina. Por eso les cobraban las cifras que publicó su diario, que triplican el costo habitual de un trasplante.

—¿Piensa citarlos a declarar?

—Es muy importante escucharlos para saber cómo los contactaron, qué médicos los enviaron a Bolivia y con qué argumentos los convencieron de pagar miles de dólares por un trasplante irregular. También estamos seguros de que hay pacientes que no quedaron bien tras la operación, y por ahí no denunciaron lo que puede ser una mala praxis o la posible desaprensión de haber operado a personas cuyo estado de salud no era el indicado para someterse a un trasplante. Como de por medio había mucha plata y con la certeza de que nadie los iba a denunciar, los operaron igual.

—¿Logró encontrar a las personas que figuran como "donantes" de los riñones?

—Sí. A pesar de que los domicilios que figuraban en las declaraciones oficiales son todos falsos o imprecisos, y en varios casos los nombres tampoco existen, hasta ahora tomamos contacto con cuatro de ellos.

—¿Cuánto cobraron por vender sus riñones?

—Al parecer, unos 3.000 dólares. Son personas muy pobres y que fueron usadas, nosotros vamos a protegerlos para que digan quién y cómo los contactó, cuánta plata les pagaron, qué preparación médica y psicológica recibieron antes de la operación y cómo fue su seguimiento postrasplante. También nos interesa saber qué papeles les hicieron firmar.

—¿Sabe si fueron amenazados para que no declaren?

—Sí, eso dijeron. O les ofrecieron plata para que se callen.

—¿Los médicos pueden terminar presos?

—Por supuesto. Si se comprueba que alentaban la compra y venta de riñones y que después los trasplantaban, ellos violaron la ley boliviana de trasplantes, que es muy clara. Y también lo hicieron las clínicas donde se hicieron esas operaciones, que deberán enfrentar graves sanciones.