Tras varios años de demora y con un reclamo de la Corte Suprema de por medio, la Cámara de Diputados le dio media sanción a un proyecto de ley para terminar con la impunidad que han tenido los hackers (piratas informáticos) en la Argentina. Se trata de una norma que incorpora al Código Penal los denominados "delitos informáticos", entre los que se encuentran el espionaje por computadora, el sabotaje, las estafas cometidas por medios electrónicos, los accesos no autorizados y el robo y venta de información.

La escala de castigos que contempla el proyecto van desde un mes hasta los seis años de cárcel para los delitos más graves. En todos los casos, las penalidades se agravan cuando los ataques sean cometidos contra organismos públicos, empresas de salud, o atenten contra la defensa y seguridad nacional. Pero hasta que no entre en vigencia la norma, es decir, hasta que el Senado dé su aprobación, se seguirá hablando de "vacío legal".

Desde principios de los 90, con la proliferación de las computadoras y de la telemática (palabra que sintetiza la telefonía y la informática, por ejemplo Internet), comenzaron a llegar casos de este tipo a la Justicia. Muchos de ellos fueron verdaderos escándalos que involucraron desde la Corte Suprema hasta el mismísimo Departamento de Defensa de los Estados Unidos.

En algunas causas, y con mucha dificultad, se pudo identificar a sus autores. La dificultad para los investigadores, vale aclararlo, reside en que los hackers, generalmente jóvenes apasionados por las computadoras, se mueven en el anonimato y usan técnicas complejas para ocultar los rastros de sus actividades.

Precisamente a raíz de estos escándalos el proyecto comenzó a avanzar en el Congreso. "Había proyectos desde antes, pero a partir del caso de la Corte el tema cobró impulso", dijo a Clarín la diputada de la UCR Margarita Stolbizer, una de las impulsoras del proyecto. La legisladora se refiere al sonado caso del ataque a la página que la Corte Suprema tiene en Internet, en enero de 1998.

Al cumplirse el primer aniversario del asesinato del reportero gráfico José Luis Cabezas, el X-Team, un grupo de hackers, se infiltró en el sitio para adulterar sus contenidos. Lo que introdujeron fue una proclama reclamando justicia. El alto tribunal, entonces, denunció el hecho y dos años más tarde, un grupo de la Policía especializado en informática detuvo a sus presuntos autores. Según dijeron en Tribunales, los hackers, que buscaban repercusión en los medios, dejaron un reguero de pistas que los delató.

"Desde el teléfono del domicilio de Julio Ernesto López se habían efectuado llamados a diversos medios de comunicación", dijo el juez federal Sergio Torres.

López, que se hacía llamar Wences, y otros 7 presuntos integrantes de la banda fueron absueltos, porque —dice el juez— "nos encontramos con un claro vacío legal". El magistrado detalló que alterar una página de Internet no es delito, ya que, según las leyes, el daño no afecta "una cosa mueble, un inmueble o un animal".

Conocido el fallo, la inquietud llegó hasta la propia Corte, que reclamó en forma urgente al Ministerio de Justicia que redactara un proyecto de ley para castigar ese tipo de delitos. Tal como lo señala el juez Torres, desde el año 95 existen varios proyectos en el Congreso, pero ninguno llegó a tratarse.

En diciembre de 1995 se había producido otro escándalo. Otro hacker, el adolescente argentino Julio Ardita, fue detectado mientras se infiltraba en los sistemas informáticos de la Marina norteamericana.

"El proyecto aprobado tipificó estos delitos conforme a lo que recomendó Naciones Unidas", explicó el justicialista Pablo Fondevila, un amplio conocedor de estos temas. "Las tecnologías de la información —agrega— han abierto nuevos horizontes a los delincuentes, favoreciendo su impuni dad y potenciando los efectos del delito convencional".

Fondevila dice que desde lo de Ardita, el Congreso comenzó a preocuparse por estos temas. ¿Por qué? Porque en los Estados Unidos pensaron que "El Gritón", tal como era conocido Ardita en el ambiente de los hackers, era en realidad un espía.

El caso fue seguido con atención por el influyente The Washington Post, y motivó una investigación profunda por parte del FBI, que buscaba constatar la "peligrosidad", de los hackers criollos. Hoy, como suele suceder, Ardita se dedica a estar del otro lado de la seguridad informática: su trabajo es proteger los sistemas de los ataques piratas.