Respuesta de APSA a la Resolución 715/2019 de la Secretaría de Salud de la Nación
En referencia a las “Pautas para la Organización y Funcionamiento de Dispositivos de Salud Mental” (Resolución 715/2019), publicado por la Secretaría de Salud de la Nación el viernes 26/4/19 en el Boletín Oficial de la República Argentina, la Comisión Directiva de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) desea compartir con los colegas de la Asociación y con la comunidad en general algunas reflexiones:
1. En el mencionado documento se presentan una serie de “pautas” para el funcionamiento de dispositivos de Salud Mental pertenecientes a una supuesta “Red Integrada de Salud Mental” que lamentablemente no existe. En una primera lectura podría creerse que se trata de un escrito para un país del primer mundo que hubiera resuelto todos sus problemas sanitarios y de infraestructura. ¿Qué puede decirse, si no, cuando se lee un documento de decenas de páginas plagadas de detalles técnicos, en un contexto de emergencia sanitaria y de presupuestos no solo insuficientes sino en disminución? La enumeración detallada de condiciones arquitectónicas, equipamiento, iluminación, metros cuadrados, medidas contra incendios, climatización y ventilación, tipo de profesionales… parece una broma de mal gusto frente al estado real de la infraestructura real del sistema sanitario nacional. Una enumeración, sin duda, necesaria y deseable, pero fuera de la realidad presupuestaria, sin interlocutores posibles.
2. En el documento se menciona, como parte del equipo de Salud Mental, al “Médico/a generalista o Médico/a de Familia o Médico/a Psiquiatra”, como si se tratara de categorías intercambiables. No lo son. El médico psiquiatra es un médico que ha hecho una carrera de especialista en Psiquiatría, es decir, una formación de postgrado. No es lícito ni procedente confundirlo con médicos de otras especialidades, ni tampoco equipararlo con profesionales con títulos de grado sin especialización ulterior. Tanto el médico psiquiatra de adultos como el especializado en niños y adolescentes son miembros indispensables del equipo de salud, con incumbencias y competencias profesionales específicas, derivadas de su formación básica y de postgrado.
3. En el mencionado texto de la Secretaría de Salud se hace una enumeración de instituciones de Salud Mental en la que no figuran los hospitales especializados (mal llamados monovalentes). ¿Es que esa omisión da por sentado su inexistencia, cuando en realidad existen y cumplen una función indispensable? ¿No merecen ser mejorados? ¿Es un globo de ensayo para ir preparando a la opinión pública para su desaparición compulsiva por el solo hecho de que la misma está mencionada en un artículo de la ley 26657, ocultando que esa expresión de deseos no fue acompañada en la última década de la creación de las instituciones intermedias que supuestamente debían remplazarlos? En respuesta a esas intenciones somos taxativos: el cierre de los hospitales especializados, indispensables para la atención psiquiátrica en numerosos casos clínicos, dejaría incompleto el sistema sanitario en la especialidad. Es una constante de nuestra historia institucional la defensa del hospital público en su más amplia definición. Y en lo que atañe a nuestra área de trabajo defendemos al hospital de especialidad, reacondicionado y adaptado a las normas del siglo XXI. Cerrar nuestros hospitales de especialidad constituiría sencillamente un nuevo capítulo en el desmantelamiento del sistema de salud, otra quita más de derechos a la población más necesitada, que es la que se atiende en ellos, y un desconocimiento de las necesidades terapéuticas específicas de los fenómenos psicopatológicos en ciertos momentos de su evolución.
4. Nos hemos pronunciado en varias oportunidades en favor de una verdadera Salud Pública, es decir, de una política sanitaria inclusiva, universal, de calidad, que favorezca la formación y la investigación en salud. Que contemple el diseño y aplicación de un verdadero plan de salud integral que incluya la Salud Mental y a las Adicciones (con el gravísimo problema del abuso de alcohol en la adolescencia a la cabeza), con todas las instancias intermedias que garanticen la continuidad terapéutica. Solo en aquel contexto tendría sentido discutir los detalles técnicos que se vuelcan en la Resolución 715/2019, y aun así habría mucho por discutir (como se precisó con anterioridad). Muy alejado de ello, el contexto sanitario actual hace de esas pautas y recomendaciones un ejercicio de ciencia ficción.
Esta Asociación siempre ha estado (y continuará estando) dispuesta a colaborar con el diseño de políticas públicas en materia de Salud Mental, tal como marca nuestro Estatuto. Denunciar la ausencia o insuficiencia de dichas políticas forma parte del mismo compromiso institucional.
Buenos Aires, 5 de mayo de 2019.
Comisión Directiva
APSA